Edición 36 Artículo 6

Mientras se pluralizan las representaciones evangélicas, en el espacio eclesial católico se asiste simultáneamente a las últimas etapas de una dura batalla ideológica y política entre seguidores de la Teología de la Liberación y los de teologías integristas hostiles al Concilio Vaticano II (como el Opus Dei y el Sodalicio de Vida Cristiana), batalla cuya victoria corresponderá a los sectores integristas apoyados decididamente por el pontificado de Juan Pablo II. Como resultado Perú tendrá por primera vez, y como caso único, la mayor cantidad de Obispos del Opus Dei en su territorio (10 sobre 54) y en el año 2001 se nombrará al segundo Cardenal del Opus Dei en la historia de esta orden (el primero es el influyente M. Julián Herranz en el Vaticano): Monseñor Juan Luis Cipriani Thorne. Asimismo, se establecerán en Lima los cuarteles generales de organizaciones internacionales “pro-vida” y “pro-familia” tales como el Centro de Promoción Familiar y de Regulación de la Natalidad (CEPROFARENA) directamente relacionada con Human Life Internacional (HLI) y el Population Research Institute (PRI). Del mismo modo, varias diócesis opusdeístas y sodálites se extenderán ampliamente por el territorio canónico peruano.

Respecto al contexto nacional, tales acomodos político-religiosos no están desconectados del conflicto armado interno que enfrenta al Estado y a las organizaciones terroristas de izquierda PCP-Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Con el arribo del Presidente Alberto Fujimori al poder mediante elecciones democráticas y su posterior conversión en dictadura cívico-militar en 1995, se construye una firme alianza entre los representantes de la estrategia contra-subversiva paramilitar y violadora de derechos humanos de dicho régimen, y la cabeza visible y poderosa del integrismo católico en el Perú, el entonces Obispo de Ayacucho (departamento que fue el epicentro nacional de la violencia política) Juan Luis Cipriani. Desde dicha posición, Cipriani será un activo colaborador del régimen cívico-militar y un enemigo público de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a las que tildará sistemáticamente de comunistas. Además, la dictadura también cooptará a algunas personalidades evangélicas para que éstos representen los intereses de la dictadura dentro del Congreso Constituyente nacido luego del restablecimiento de la democracia formal exigido por la Organización de Estados Americanos (OEA). En más de una ocasión, dicha representación parlamentaria evangélica implementará las campañas de oposición contra el entonces Cardenal Vargas Alzamora de la orden jesuita y comprometido con la vuelta de la democracia (quien a su deceso fue reemplazado por Cipriani).

En este contexto pues, a pesar del creciente proceso de pluralización religiosa, no existieron iniciativas legislativas ni políticas que amenazaran la hegemonía de la Iglesia Católica y si bien existió una iniciativa parlamentaria evangélica para suprimir los feriados católicos del calendario civil y se cuestionó desde el Congreso Constituyente la existencia de fondos públicos destinados al pago de asignaciones mensuales a personal eclesiástico católico en virtud del Concordato Perú-Santa Sede, estas acciones fueron concebidas para minar el liderazgo opositor del Cardenal jesuita Vargas Alzamora y de la Conferencia Episcopal Peruana (en adelante denominado CEP).

Ante la instrumentalización de la representación parlamentaria evangélica por el régimen fujimorista, el CONEP se posicionó en la oposición democrática junto a la CEP. Sin embargo, el fenómeno interno de neo-pentecostalización y la negativa del CONEP de aceptar como miembros afiliados a ciertas organizaciones e iglesias neo-pentecostales, originó que varios de sus líderes decidan emprender la construcción paralela de sus propios espacios de poder eclesiásticos y políticos.

Ya con la transición democrática iniciada luego de la caída del régimen fujimorista (2000-2001), se comenzarán a plantear proyectos de ley sobre libertad e igualdad religiosa que serán apreciadas por la jerarquía católica como amenazadoras de su lugar predominante en el Estado y la sociedad. Así, en el año 2001 un parlamentario propone un inocuo primer proyecto redactado sin participación ni respaldo alguno de las confesiones no católicas, y los años posteriores verán la propuesta de varios proyectos de ley similares. Pero tanto el espacio católico y el evangélico ya acusan los efectos del clima de polarización política nacional y tendrán cada uno sus propias contradicciones internas y sus propios matices frente al tema del Estado laico, la libertad e igualdad religiosas.

En el campo católico, la CEP será la principal instancia preocupada de enfrentar las iniciativas evangélicas que pretenden alcanzar los mismos beneficios establecidos entre el Estado y la Santa Sede mediante el Concordato de 1980. De manera sistemática, la CEP manifiesta públicamente su desacuerdo con una ley de libertad religiosa sosteniendo que ella cuestionaría la tradicional identidad nacional del pueblo peruano y que la libertad religiosa de las minorías religiosas ya se encontraba garantizada genéricamente por la Constitución, lo que hacía innecesaria cualquier ley al respecto. Por otro lado, el Cardenal y Arzobispo de Lima Juan Luis Cipriani estará más preocupado en consolidar su alianza con los remanentes políticos del régimen cívico-militar caído en desgracia, a fin de continuar expandiendo su influencia dentro de la estructura eclesial católica y de defender su gestión en la Diócesis de Ayacucho de los graves cuestionamientos que le formulara la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) a través de su Informe Final, Comisión integrada -entre otros- por el pastor evangélico Humberto Lay y por personalidades vinculadas a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), universidad fundada por la Congregación de los Sagrados Corazones y de gran cercanía con el extinto Cardenal jesuita Vargas Alzamora y con la Teología de la Liberación.

Finalizado el régimen del Presidente Alejandro Toledo (2001-2006), la alianza del Cardenal Cipriani con los remanentes políticos del fujimorismo se fortalecerá bajo los auspicios del nuevo gobierno aprista de Alan García Pérez. En el campo evangélico, CONEP persistirá en su participación activa en la consolidación de la transición democrática (como por ejemplo en la Mesa de Diálogo de la OEA) y afrontará las críticas internas de sectores religiosos neo-pentecostales que cuestionan su “politización” y que lo preferirían ver más comprometido en una misión de proselitismo religioso para “ganar al Perú para Cristo”. La representatividad del CONEP también es cuestionada por algunos parlamentarios evangélicos de esta etapa de transición como el Congresista Walter Alejos quien promueve una propuesta legislativa de “igualdad religiosa” dentro del proceso de reforma constitucional de 1993, propuesta que elaboró sin mediación ni consulta con el CONEP a pesar de alegar que representaba al pueblo evangélico.

En este contexto de tambaleante democracia recuperada, diversas personalidades evangélicas parecen advertir el enorme potencial político de la lucha por libertad e igualdad religiosa y la erigen en punto obligado de sus campañas electorales para acceder al Poder Legislativo. Sin embargo no manifiestan similar entusiasmo respecto al principio de laicidad del Estado ni a la lucha por medidas legislativas a favor de los derechos de otras minorías discriminadas, como las sexuales, o de los derechos reproductivos de las mujeres, o sin ir muy lejos, de los derechos de agrupaciones religiosas no cristianas o de los pueblos indígenas. Al contrario, los nuevos aspirantes evangélicos a representaciones políticas desarrollarán intensas campañas de activismo político principalmente contra medidas legislativas destinadas a regular el aborto, a reconocer derechos a la comunidad homosexual, y a la flexibilización del divorcio, apoyarán el intento de restaurar la pena de muerte; todo ello como método para ver reconocidos sus valores religiosos en el espacio electoral evangélico. También plantearán a sus electores religiosos que ya es momento de renovar al Perú (de allí por ejemplo, el nombre de “Restauración Nacional”, uno de los principales partidos confesionales organizados que llevará por primera vez en la historia del Perú a un candidato presidencial evangélico, el pastor Humberto Lay) y sostendrán con diverso énfasis que ya es hora de superar la historia de corrupción causada por la decadente identidad nacional-católica, mediante la toma del poder político estatal y la conquista de una mayoría demográfica evangélica que se traduzca en poder electoral para construir una sociedad y Estado cristianos (en el sentido evangélico fundamentalista).

Mientras el Congresista evangélico Walter Alejos dirigía sus esfuerzos parlamentarios por la reforma radical del artículo 50 de la Constitución 6 enfrentándose a la Conferencia Episcopal Peruana, el CONEP apoyaba la reforma moderada de dicho artículo en aras de una mayor cooperación del Estado con las iglesias no católicas pero manteniendo el

lugar favorecido de la iglesia Católica en la Constitución, en la línea de lo defendido también por el Comité Interconfesional del Perú (integrado por el CONEP, las iglesias Anglicana, Luterana Evangélica, Evangélica Presbiteriana y Reformada, Ortodoxa, la Asociación Judía, y la Conferencia Episcopal).

Esta controversia que ya hemos explicado ampliamente en otro lugar [8] y que culmina con la derrota de la propuesta de Alejos y recriminaciones contra el CONEP, genera un hecho importante: el surgimiento de una nueva organización representativa evangélica con aspiraciones de representar al sector neo-pentecostal de influencia norteamericana y fundamentalista, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP). Las iglesias y líderes eclesiales detrás de UNICEP ahora tendrán legitimidad y autonomía organizativa para emprender sus propios proyectos políticos por mayores espacios de poder no sólo en las estructuras eclesiales evangélicas sino en la sociedad y el Estado.

Asimismo, las diferencias teológicas y políticas de cada una de estas dos organizaciones evangélicas serán muy nítidas: el CONEP con su perfil protestante y evangélico pentecostal clásico, promotor de un Evangelio social con vocación a integrarse -bajo su propia lógica religiosa- con el pensamiento democrático liberal de derechos humanos, libertad religiosa, Estado de Derecho y diálogo interreligioso con la Iglesia Católica (diálogo no exento de ocasionales confrontaciones); y por otro lado la UNICEP con su proyecto de colonización religiosa del Estado y de “salvación” del Perú mediante la construcción de un Estado cristiano, de la conversión religiosa de la política y el Estado seculares y sus énfasis religiosos carismáticos. Estos perfiles identitarios se verán enfrentados por segunda vez en la controversia por la aprobación de una “ley de igualdad religiosa” y se interrelacionarán a su vez con los factores de contexto nacional referidos.

3. Divergencias y concurrencias entre actores evangélicos, fundamentalistas e integristas a propósito del Estado y la igualdad religiosa

Finalizado el gobierno de Alejandro Toledo y sin haberse logrado la aprobación de la reforma constitucional, en el 2006 asumió la Presidencia el candidato del APRA (partido originalmente de izquierda pero actualmente de centro-derecha) Alan García. Ante dicha coyuntura un sector de organizaciones religiosas neo-pentecostales no agrupadas en la UNICEP y reunidas en torno al pastor evangélico Miguel Bardales de la iglesia Emmanuel (fundada por el –luego– candidato presidencial evangélico Humberto Lay), la Confraternidad de Pastores Evangélicos (CONPPE), la Fraternidad Internacional de Pastores Cristianos (FIPAC) y otras iglesias evangélicas pentecostales y carismáticas, organizó un “Culto de Acción de Gracias” anual para competir con el tradicional Te Deum católico de las fiestas patrias. El Presidente García asistió por primera vez a dicha ceremonia evangélica a pesar de las objeciones de algunos Obispos católicos pero al término de ella se dirigió inmediatamente a la sede arzobispal para besar el anillo cardenalicio de Juan Luis Cipriani y luego visitó la sede de la Conferencia Episcopal para asegurar que en su “condición de cristiano siempre [estará] en devoción y servicio a la Iglesia del Perú y a las causas cristianas de [su] país”. Poco después, al jurar el cargo de Presidente se aseguró de hacerlo “en nombre de la libertad religiosa y de la iglesia católica”. Pero de allí en adelante, todos los años se realizará este Culto de Acción de Gracias sin la participación ni asistencia del CONEP ni de la UNICEP, aunque con la presencia de altos funcionarios políticos del gobierno, principalmente fujimoristas y apristas y del Embajador de los Estados Unidos. El vínculo con el fundamentalismo evangélico norteamericano se expresa a través de la cercanía política y religiosas de sus organizadores con reconocidos predicadores y figuras políticas de la Coalición Cristiana y del Gobierno de George W. Bush.7

El éxito de la continuidad del apoyo oficial a tal ceremonia no puede explicarse sin tener en cuenta la relativamente exitosa participación política del pastor Lay en las elecciones presidenciales de 2006 en las que fue electo Alan García Pérez. El hecho de que su partido confesional “Restauración Nacional”8 haya obtenido dos escaños parlamentarios y que el número de votos de su candidato haya sido relativamente alto, atrajeron el interés político del partido aprista con miras a asegurar una exitosa segunda vuelta electoral que llevara al poder a García. El ofrecimiento de apoyar una futura ley de

libertad e igualdad religiosa habría sido el ingrediente idóneo para asegurar el apoyo de Lay a García. Ello se manifestó cuando Lay criticó duramente al candidato de izquierda nacionalista competidor Ollanta Humala, antes de la segunda vuelta electoral en un implícito endoso político a favor de García y, luego, ya ganada la elección, éste respaldaría con su presencia anual a los organizadores del acto político-religioso organizado por la iglesia de Humberto Lay. Por tanto desde el inicio mismo del régimen aprista ya se evidencia un pacto entre el poder político y la influencia político-religiosa de ciertas iglesias neo-pentecostales.

Otra figura clave que también contribuyó a realizar este evento –y que quizás sea la más emblemática al ilustrar dicho pacto– fue la Congresista Mercedes Cabanillas, una figura política tradicional e influyente del partido gobernante Aprista y también miembro de una de las iglesias evangélicas organizadoras del Culto de Acción de Gracias. Cabanillas jugará un papel importante al articular los intereses contrapuestos de las iglesias evangélicas -interesadas en obtener la ley de igualdad religiosa-, del Gobierno aprista –interesado en su alianza parlamentaria con los congresistas evangélicos pero también en no disgustar a su poderoso aliado político Monseñor Cipriani–, y de la jerarquía católica -interesada en mantener la exclusividad de su posición frente al Estado mediante el Concordato y en impedir la profundización del Estado laico-.

Así, la Congresista Cabanillas presentó el proyecto de ley 1008/2006-CR (26 de febrero de 2007) sobre igualdad religiosa apoyada por diversos congresistas evangélicos y otras bancadas políticas. El pacto parlamentario aprista-evangélico se manifestará entonces en la puesta a disposición de los votos evangélicos (los del partido confesional “Restauración Nacional”, afín al neo-pentecostalismo y al fundamentalismo norteamericano) para lograr que la Presidencia del Congreso de la República se mantenga bajo control del partido de gobierno, mientras que la bancada aprista apoyaría con sus votos la discusión y aprobación de una ley de igualdad religiosa en la Comisión de Constitución y en el hemiciclo del Congreso.

Sin embargo el proyecto presentado por Cabanillas no fue redactado originalmente por sus asesores parlamentarios sino por representantes eclesiales y abogados de diversas confesiones religiosas no católicas, agrupadas en torno a una “Mesa de Trabajo Interconfesional” convocada en el año 2005 por el Ministerio de Justicia mediante ley oficial. Dicha Mesa fue organizada con el objetivo de que fueran las propias confesiones las que elaborasen una propuesta de ley de igualdad religiosa para el Ministerio de Justicia, con el fin de que luego sea presentada al Congreso por el Presidente de la República. Este espacio de negociación interreligiosa bajo auspicio estatal estuvo bajo control de UNICEP y otros sectores aliados suyos. El CONEP participó pero con una distancia crítica y la Conferencia Episcopal Peruana no participó pues se oponía a la idea misma de una ley de libertad religiosa. Por tanto, el proyecto 1008/2006-CR era un reflejo directo de las aspiraciones de ese sector de confesiones no católicas. Es significativo que el Estado no haya convocado un espacio de discusión similar pero de carácter laico, compuesto por juristas, sociólogos o antropólogos especializados en ciencias sociales de las religiones.

El proyecto final de la Mesa de Trabajo Interconfesional fue consistente con un modelo de Estado pluriconfesional y neo-concordatario pues planteó una serie de beneficios tributarios y patrimoniales similares a los ya disfrutados por la iglesia católica mediante su Concordato, beneficios a ser gozados solamente por un grupo de confesiones religiosas que pudieran cumplir los requisitos de la ley y lograsen “Convenios de colaboración” con el Estado, similares a los practicados en España, Italia y Alemania. Con ello, lejos de instituir la igualdad religiosa como pretendían sus promotores, paradójicamente se profundizaba la discriminación religiosa. Así, en el artículo 27 de dicho proyecto se decía que: “El Estado peruano, a nivel de Gobierno Central, Regional o Local, podrá suscribir convenios de colaboración sobre temas de común interés, con las Entidades religiosas (…)” .Y más adelante, se establecía la obligación de que el Ministerio de Economía y Finanzas opinara sobre dichos convenios, señal de que su contenido incluiría acuerdos patrimoniales, económicos o tributarios. Dicha “cooperación” se mantuvo en la ley finalmente aprobada en diciembre de 2010 9. Dicho proyecto tampoco incluía ninguna mención al principio de laicidad o a la separación entre Estado e iglesias, ni contenía alguna norma que amenazara la existencia del Concordato con la Santa Sede como exigían algunos sectores (ni tampoco lo podría, pues dicho tratado es de carácter internacional y no podría ser modificado por una ley unilateral del Estado). Pero la propuesta de la Mesa de Trabajo fue rechazada categóricamente por un Consejo de Viceministros de Estado y por tanto no llegó a consideración del Presidente de la República. Entre las razones aducidas, se sostuvo que ya se consideraba como suficiente carga tributaria para el Presupuesto Público el financiamiento estatal directo e indirecto a la Iglesia Católica nacido del Concordato.

Ante dicho pronunciamiento negativo, a pedido de UNICEP y de otras confesiones no católicas (que el autor denominó “bloque neo-concordatario” [9]) fue precisamente la Congresista aprista Mercedes Cabanillas quien desbloqueó la situación haciendo suya sin ninguna modificación la propuesta de la Mesa de Trabajo Interconfesional presentándolo al Congreso como el proyecto de ley 1008/2006-CR con el apoyo de su bancada y de otras tiendas políticas. Es así que la discusión sobre la ley de igualdad religiosa se trasladó del espacio del Poder Ejecutivo al del Poder Legislativo, siempre bajo el impulso de UNICEP y de una lógica pluriconfesional.

La CEP protestó entonces por esta iniciativa de la bancada parlamentaria aprista: ¿es que el Gobierno de García pretende fomentar el pluralismo religioso en desmedro de la identidad nacional católica? Entonces la CEP decide proponer a la Comisión Asesora en Asuntos Confesionales del Ministerio de Justicia10 que el proyecto de ley suspenda su trámite mientras que una comisión de expertos elegidos paritariamente por la Conferencia

Episcopal Peruana y la Comisión Asesora en Asuntos Interconfesionales del Ministerio elabora una propuesta de ley de común interés. La UNICEP cuestiona que la iglesia católica quiera integrar dicha comisión y tenga algún interés en la ley de igualdad religiosa pues ésta sería aplicable a las minorías religiosas y no a ella. El CONEP en cambio planteará que no se puede excluir a la iglesia católica debido a su importancia nacional y porque además sería imposible lograr la aprobación tal ley sin su participación debido a su gran influencia política ante el Estado. A su vez, el Ministerio de Justicia objetó que un organismo ad-hoc suyo tuviera la competencia de suspender el trámite de un proyecto de ley en el Legislativo.

Finalmente la CEP y la Comisión Asesora acuerdan crear una comisión paritaria: dos abogados católicos (uno, asesor legal de la Conferencia Episcopal y el otro, un jurista vinculado a ella) y dos expertos no católicos (un pastor evangélico Vicepresidente del

CONEP y un abogado adventista especializado en derecho de la religión 11) con los objetivos de que revisen el texto del proyecto de ley, se superen las observaciones del

Consejo de Viceministros y se proponga un nuevo texto de consenso.

Se produce un acuerdo político: UNICEP no impulsará el proyecto de ley en el Congreso y se confiará en el resultado consensuado de esta “Comisión de Expertos” así llamada por el propio Ministerio de Justicia que la había convocado informalmente. La Comisión trabajó durante varios meses produciendo debates distintos a los producidos en el seno de la Mesa de Trabajo Interconfesional: por un lado, el pastor evangélico y el abogado adventista defendiendo un modelo de relación Estado-Iglesias basado únicamente en la ley y el carácter laico del Estado, mientras que los juristas católicos proponiendo que dichas relaciones se regulen bajo el modelo “bilateral”, con una referencia de respaldo al Concordato Perú-Santa Sede y con la posibilidad de que el Estado firme “acuerdos de cooperación” sólo con algunas iglesias no católicas tradicionales y bien establecidas. La Comisión también logró reformular la estructura fundamental de la ley transformando el proyecto de ley de la Mesa de Trabajo Interconfesional ( ley de igualdad religiosa) en una “ley sobre asuntos religiosos” más comprehensiva del conjunto de las relaciones Iglesia-Estado y de pretensiones codificadoras, e inclusive llegó a introducirse un artículo hasta ahora no presente en los proyectos de ley precedentes: el principio de laicidad del Estado.

Pero la Comisión nunca pudo ser oficializada mediante norma legal ya que el Ministerio de Justicia y la CEP no se pusieron de acuerdo sobre si sus integrantes actuaban como representantes eclesiales o a título de expertos independientes. Lo primero hubiera reproducido la lógica pluriconfesional de la Mesa de Trabajo Interconfesional mientras que lo segundo introducía una lógica de espacio autónomo laico. Curiosamente, el Ministerio de Justicia insistía en que la comisión tuviera un carácter pluriconfesional a fin de vincular oficialmente a la iglesia católica con los resultados del trabajo de ella pero la CEP defendía su carácter laico. Y los mismos integrantes de la “comisión de expertos” sostenían que no representaban posiciones eclesiales sino técnicas e independientes aunque por razones distintas: los abogados católicos defendían la posición de la CEP y el pastor evangélico junto al adventista defendían que la Comisión era y debería ser un espacio de deliberación de carácter laico y no pluriconfesional.

Ante la falta de oficialización de parte del Ministerio, los miembros de la Comisión entonces acordaron dejar de reunirse y nuevamente el proyecto de ley se vio paralizado.

En paralelo a este proceso de negociaciones y discusiones en torno a la ley de libertad e igualdad religiosa, la UNICEP experimentó un proceso de construcción de nuevas alianzas con organizaciones pro-vida y pro-familia de la órbita del catolicismo integrista y del evangelismo laico fundamentalista. Por ejemplo en 2008, con el apoyo de “Tradición, Familia y Propiedad”, del “Population Research Institute”, de organizaciones no gubernamentales de inspiración católica (como “Ala Sin Componenda”) y evangélicas (Sociedad Jurídica Cristiana), la UNICEP y los congresistas evangélicos Mirta Lazo y David Perry lograron impedir la aprobación parlamentaria de la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud cuyos artículos 5, 14 y 20 leídos en conjunto, parecían favorecer el acceso al matrimonio de jóvenes gay. Alianzas similares se forjaron para oponerse a la aprobación de protocolos médicos de aborto legal y de políticas de planificación familiar como la píldora anticonceptiva. Se advierte entonces que el discurso de la libertad de conciencia y del Estado laico tiene sus límites: la intangibilidad de ciertas doctrinas religiosas sobre moral sexual, familiar y reproductiva que el Estado debe promover y respetar.

Son además los atisbos de una creciente consciencia sobre los intereses comunes que unen a integristas y fundamentalistas más allá de sus discrepancias en asuntos como la igualdad religiosa o el estatus de la iglesia católica en el Perú. Frente al percibido enemigo común (la laicidad del Estado y los derechos sexuales y reproductivos), se descubren coincidencias de intereses y una nueva fortaleza política para resistir con efectividad la aprobación de leyes o políticas públicas que cuestionen la hegemonía religiosa cristiana. De manera invariable, el fundamentalismo evangélico promoverá la instauración de un Estado cristiano que establezca relaciones con ciertas confesiones evangélicas a través de acuerdos de cooperación similares a los Concordatos de la iglesia católica. Es el Estado pluriconfesional de modelo neo-concordatario. Pero un grueso sector de la jerarquía católica aún no está convencida de la necesidad de un compromiso con las denostadas “sectas”; aún no supera su proyecto nacional-católico en el cual el Estado es monoconfesional y concordatario. Un buen sector de la CEP y de la iglesia católica aún defiende la exclusividad de su posición privilegiada ante el Estado, aún no cree necesario el compartirla parcialmente en aras de una agenda pública conservadora, sigue aferrada a un modelo colonial de Estado (“una nación, una religión, una iglesia”) y no negocia con la nueva realidad de la competencia por el espacio religioso (debido al pluralismo religioso) ni de la competencia por el espacio político (con el fundamentalismo evangélico).

Volviendo al proceso de discusión de la ley de igualdad religiosa, el CONEP y la UNICEP deciden insistir en torno al proyecto de ley mediante la organización de una serie de foros y conferencias públicas a nivel nacional. Se suscitan disidencias. Al interior del CONEP se cuestiona la alianza con UNICEP y la pertinencia de comprometerse en una lucha institucional frontal contra la Iglesia Católica. En el interior del Comité Interconfesional del Perú, el Vicepresidente del CONEP recibe fuertes críticas del representante de la CEP por una entrevista televisiva en la que calificó al Concordato con la Santa Sede como un grave obstáculo para la democracia en el Perú. En el campo de UNICEP, los líderes fundamentalistas agrupados en torno al “Culto de Acción de Gracias” critican que no se les de más espacio en el proceso de negociación de la ley. En todo ello, lo que está en disputa es la autoría de una inminente ley de libertad religiosa cuya aprobación sería la bandera electoral más atractiva para cualquier candidatura política al Congreso o a la Presidencia de la República “en nombre del pueblo evangélico”.

El proyecto de ley, al fin, logra ser considerado en la agenda de la Comisión de Constitución (sesión del 09 de junio de 2008) gracias a la gestión acelerada del Presidente de dicha Comisión parlamentaria que al mismo tiempo era candidato a la Presidencia del Congreso de la República (cargo que finalmente obtuvo gracias a los votos evangélicos). La expectativa en dicha sesión era grande y se cursaron invitaciones a los representantes de numerosas confesiones religiosas para que fueran testigos de una inminente sesión histórica. Sin embargo, el resultado no fue el esperado: los comentarios de los Congresistas presentes –muchos de ellos Apristas- fueron muy negativas contra la calidad del proyecto de ley y fueron compartidas incluso por su proponente principal, la Congresista Mercedes Cabanillas. Esto significó un importante revés que anunciaba otros aún por venir.

En este punto del proceso se produce un importante cambio en la escena política evangélica que determinará cambios sustanciales en los acontecimientos posteriores. Se renueva la junta directiva del CONEP y es elegido un líder crítico de la anterior gestión. El nuevo Presidente y su Directiva plantean una distancia crítica que desacelera la alianza a favor del proyecto pluriconfesional de ley de igualdad religiosa. La crítica se centra en cuestionar que la lucha por la igualdad religiosa esté favoreciendo el surgimiento de candidaturas políticas fundamentalistas en la política peruana, que el proyecto de ley de UNICEP se haya construido fuera de los espacios institucionales de representatividad evangélicos, que la reivindicación de la libertad religiosa no se encuentre inscrita dentro de un programa político general de construcción de la democracia y la ciudadanía, sin discriminaciones, y que la intención sea igualarse con un régimen de privilegios inapropiados en un Estado verdaderamente laico.

Segura de sus grandes posibilidades de éxito, la UNICEP plantea a su bloque neo- concordatario la realización de una multitudinaria “marcha por la igualdad religiosa” para el 11 de junio de 2009 para presionar al Congreso de la República a que apruebe el proyecto de ley. Inicialmente el CONEP decide participar con la condición de que se elabore una nueva propuesta de ley “de largo plazo” y que no busque“que los pastores evangélicos tengan los mismos privilegios que la iglesia católico romana” 12. Sin embargo, pocas semanas más tarde el CONEP acuerda por unanimidad en una sesión extraordinaria del 25 de mayo de 2009 no participar de la “marcha por la igualdad religiosa” organizada por la UNICEP por “razones conceptuales y de estrategia”. Acordó también constituir una comisión especializada que elabore propuestas legales bajo una estrategia de largo plazo. En el comunicado se señala además que el Perú “se muestra cada vez más plural en lo cultural, particularmente en el campo religioso”, pero a la vez se critica que las iglesias evangélicas sólo sean reconocidas ante el Estado como asociaciones civiles, lo cual “soslaya el principio de igualdad de oportunidades”. El comunicado del CONEP también advierte que subsisten situaciones de discriminación y exclusión, tales como: “el contenido religioso y católico romano de la juramentación para el desempeño de cargos públicos, el curso de religión en la escuela pública de nivel primario y secundario, los símbolos católicos en dependencias del Estado, la edificación de símbolos católicos en plazas y parques con fondos públicos, beneficios tributarios a determinada confesión” , entre otros. Resalta finalmente, en lo que parece ser una referencia al proyecto de UNICEP, que “los evangélicos deberíamos estar preocupados no sólo por conseguir igualdad jurídica con las demás confesiones –la cual es importante-

- sino fundamentalmente involucrarse activamente en la construcción de una sociedad sin exclusiones” , recordando además que la igualdad religiosa “no es sólo de evangélicos”.

La UNICEP finalmente marcha en alianza con el sector neo-pentecostal organizado en torno al Culto de Acción de Gracias (FIPAC, CONPPE y otros). La Iglesia Adventista organiza una multitudinaria concentración en el Estadio Nacional el “Festival de Libertad Religiosa”) en la que se hace propaganda al proyecto de ley y a sus promotores políticos y religiosos (evento ya previsto con meses de anticipación pero que se hace coincidir deliberadamente con la marcha). Sin embargo el CONEP no participa de estas manifestaciones: la alianza entre CONEP y UNICEP en torno al proyecto pluriconfesional de igualdad religiosa se ha quebrado visiblemente.

Pocos días después de la marcha, el 16 de junio, la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó someter a votación por segunda vez el texto del proyecto en su siguiente sesión. No obstante, los Congresistas siguieron planteando varias discrepancias con el texto para ser superadas antes de la próxima sesión. Llegado el día, no se realizó ningún debate del proyecto de ley: extrañamente no se alcanzó el Quórum reglamentario. Pero finalmente, el 30 de junio de 2009 se aprobará de manera extraordinaria y rápida (en sólo 07 minutos según testigos) el dictamen del proyecto de ley de igualdad religiosa de UNICEP. Su contenido incluiría el polémico capítulo sobre los “acuerdos de colaboración” y establecería una serie de beneficios tributarios a favor de las confesiones no católicas. ¿Qué favoreció esta rápida aprobación?. Opositores políticos del gobierno denunciaron que los congresistas evangélicos habían hecho una transacción política con los congresistas apristas: los primeros se abstendrían de votar a favor de una moción de censura contra el Primer Ministro y la Ministra del Interior (Mercedes Cabanillas) por sus responsabilidades políticas en la muerte de civiles y policías en la represión de una protesta indígena (el “Baguazo”), y a cambio los segundos aprobarían el proyecto de igualdad religiosa. En particular, se observó que el congresista evangélico David Perry cambió el sentido de su voto sobre la censura y finalmente se abstuvo de apoyarla.

Naturalmente, también el Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana manifestó su desacuerdo en un Comunicado Público, cuestionando que solamente 06 de los 16 miembros de la Comisión de Constitución hubieran votado a favor del proyecto de ley, señalando que éste no debería haber sido aprobado pues “las religiones no son iguales”, que la Iglesia católica debería conservar una relación especial con el Estado garantizada por su Concordato el cual no debería ser amenazado por ninguna ley y que el proyecto aprobado debería haberse consultado previamente con la CEP.

También el CONEP manifiesta categórica y directa su discrepancia con el dictamen aprobado mediante comunicado público del 20 de noviembre de 2009. En dicho comunicado expresa fuertes posiciones no solamente de orden político (una decidida postura a favor del Estado laico) sino inclusive discrepancias religiosas consistentes en subrayar la relación entre el carácter neo-pentecostal de los promotores del proyecto y su afinidad con el fundamentalismo norteamericano. Cuestiona fuertemente el proyecto de ley promovido por UNICEP criticando su carácter discriminatorio y pluriconfesional ( haciendo suya por primera vez una crítica pública y específica contra el mecanismo de los acuerdos de cooperación). Es una discrepancia en toda la línea: política y religiosa. UNICEP ha perdido un importante aliado en el preciso momento en que la iglesia católica presiona a los legisladores para archivar el proyecto.

Pero al texto criticado por el CONEP ya no le quedaba demasiado tiempo de vida... El

11 de diciembre de 2009 el asesor de la Congresista Cabanillas, un historiador y sociólogo evangélico conocido en los círculos eclesiales protestantes, polemizaba en un forum público con el Vicepresidente del CONEP anunciando categóricamente que no se aprobaría ninguna ley de igualdad o libertad religiosa si es que en ella no se mencionaba expresamente la validez del Concordato con la Santa Sede. Tres días después, en la Comisión de Constitución del Congreso de la República finalmente se haría patente que la alianza principal del gobierno Aprista era con la iglesia católica y no con las evangélicas: de manera completamente sorpresiva, en la sesión del 14 de diciembre de 2009 se anuló la decisión tomada el 30 de junio y se adoptó un nuevo proyecto de ley titulado: “Ley de libertad religiosa”.

En este último dictamen de ley se suprime completamente el principio de laicidad (ya recortado en el primer dictamen aprobado), se mantiene el modelo vigente que “permite” a un alumno de escuela pública solicitar su exoneración del curso de religión católica (obligándosele en consecuencia a revelar sus convicciones, en directa contradicción con la Constitución que lo prohíbe, se introduce el mecanismo de los “convenios decolaboración” entre el Estado y las confesiones religiosas, y por supuesto, se incluye una referencia a la validez y permanencia del Concordato entre la Santa Sede y el Perú.

Ante este nuevo escenario, el CONEP protesta contra el sorpresivo hecho mediante un comunicado del 14 de enero de 2010 titulado “Evangélicos, Estado no confesional y Democracia” en el cual afirma que:

“el contenido del dictamen es fundamentalmente discriminatorio, al negar directa o indirectamente la no confesionalidad del Estado peruano y, por tanto, no satisface las aspiraciones históricas de la comunidad evangélica representada por el CONEP”, que “el CONEP, no aspira recibir subvención alguna del Estado ni la necesita, porque le es suficiente el aporte voluntario de sus fieles. La igualdad jurídica de todas las confesiones religiosas no la entendemos como la simple firma de convenios por los que el Estado destinaría a éstas cierta partida económica, sino como la afirmación de un Estado verdaderamente laico” y que “la existencia de un Concordato, validado por la segunda disposición final del texto del dictamen, entre el Estado peruano y el Estado del Vaticano, constituye una afrenta a la democracia y pone en evidencia que los ciudadanos no son tratados como iguales”.

La UNICEP hace lo propio mediante un comunicado público del 30 de enero de 2010 planteando modificaciones al texto entre las que se destaca un punto muy importante y estratégico para recuperar la fuerza política perdida que significa un viraje en su trayectoria pública: renuncia explícitamente a los “acuerdos de cooperación”, tema que la había distanciado políticamente con sus anteriores aliados y manifiesta una adhesión pública a favor del Estado laico, usando dicho término de manera explícita en adelante. Evidentemente, se trata de renunciar a elementos esenciales del proyecto pluriconfesional en aras de recomponer su alianza con el CONEP y lograr hacer frente a la iglesia católica.

Esto propicia que en febrero de 2010 el CONEP y la UNICEP vuelvan a aparecer firmando públicamente un comunicado conjunto, manifestando su alianza para luchar por una ley de libertad religiosa de carácter laico y democrático y entonces crean una “mesa de trabajo” compuesta paritariamente por ambas federaciones. Se anuncia un diálogo interinstitucional directo, la voluntad de luchar contra el proyecto aprobado en el Congreso y la preparación de un proyecto alternativo. En paralelo, un medio informativo afiliado al sector neo-pentecostal fundamentalista disidente de UNICEP (“AEQUUS”, liderado por un funcionario público evangélico del partido Restauración Nacional que promueve abiertamente el “Estado cristiano” a través de redes de jueces y funcionarios públicos evangélicos) informa de la creación de una “junta de notables” compuesta por líderes religiosos y abogados de todos los sectores no católicos para examinar la nueva situación: están allí todos, la UNICEP, el CONEP, las iglesias neo-pentecostales del Culto de Acción de Gracias y otras confesiones no evangélicas. Mientras tanto, la supresión del principio de laicidad en el texto de la ley de igualdad religiosa no parece suscitar interés alguno en las organizaciones no gubernamentales de derechos sexuales y reproductivos que también invocan al Estado laico como legítimo fundamento de sus reivindicaciones, manteniéndose ajenas a este debate público lo que refleja una comprensión compartimentada y parcial sobre el principio de laicidad tanto en los sectores religiosos como en los seculares.

La insistencia de CONEP y UNICEP en rechazar que en el texto de la ley se incluya una referencia al Concordato con la Santa Sede y de proponer la reaparición del principio de laicidad en el texto provoca fuertes discrepancias con el sector neo-pentecostal del Culto de Acción de Gracias, afín a la Congresista Mercedes Cabanillas. CONEP y UNICEP envían una carta a Cabanillas expresándole su definitiva oposición a que el Concordato sea mencionado en una ley de libertad religiosa y mediante una nota de prensa (16 de abril de 2010) se felicitan de estar aliadas por “un Estado laico que defienda los derechos de todas las minoría religiosas y promueva una sociedad verdaderamente inclusiva sin discriminación de ninguna clase”.

Este gesto provoca el malestar de las organizaciones agrupadas en torno a una “Mesa Evangélica de Trabajo” compuesta por ellos mismos para discutir el tema, y declaran públicamente que las discrepancias con la Congresista Cabanillas en torno al proyecto de ley se han reducido, expresando su absoluto acuerdo con la eliminación del principio de laicidad y del principio de neutralidad estatal. Mediante una nota de prensa titulada “CONEP y UNICEP: El principio de la intransigencia” de 19 de marzo de 2010, critican a dichas organizaciones por no aceptar el proyecto de ley de Cabanillas, informan que se realizan negociaciones paralelas a fin de lograr que se apruebe la ley y advierte del “peligro que significa tener entidades evangélicas que dicen ser representativas pero que opinan de manera diferente a sus asociados”. ¿Es la advertencia contra un nuevo cisma organizativo del campo evangélico similar al experimentado en 2003 que dio origen a UNICEP? En todo caso, la coyuntura deja una sensación de déjà vu: el factor divisivo en el campo evangélico nuevamente es su posición frente al estatus de la iglesia católica en el Perú. En el 2003, el CONEP respaldó a la CEP en la defensa por mantener la referencia a la Iglesia Católica en la Constitución y luego surge una discrepante UNICEP; en el 2010 CONEP y UNICEP luchan contra la referencia al Concordato en la ley de libertad religiosa y ahora es el entorno del novedoso Culto de Acción de Gracias el que la respalda.

Dicho respaldo al Concordato en la ley de igualdad religiosa (promovido por el Aprismo y la iglesia católica) se ve recompensando mediante la aprobación del Decreto Supremo 079-2010-PCM del 01 de agosto de 2010 que incluye dentro de las actividades oficiales por Fiestas Patrias, la concurrencia del Presidente de la República a la “Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú” el día 30 de julio de cada año. De esta manera, lo que era práctica presidencial se convierte en ley del Estado. Reaccionando a dicho decreto, CONEP y UNICEP emiten un pronunciamiento conjunto manifestando que dicho decreto:

“no significa la terminación de la lucha en favor de una ley de igualdad religiosa, como elemento indispensable en la construcción de una democracia de ciudadanos plenos. Por consiguiente, una señal de buena voluntad política (…) sería la aprobación y promulgación de una Ley de Igualdad Religiosa que exprese con toda claridad que el Estado no se parcializa ni tiene un trato preferencial con una determinada confesión religiosa.”

Y en efecto. Dicha aprobación y promulgación se produjeron el día 02 de diciembre de 2010 mediante la Ley No. 29635 (“Ley de Libertad Religiosa”) pero bajo un texto aceptado por el partido de gobierno, por la iglesia católica y por los gestores del Culto de Acción de Gracias.

A manera de conclusión

Al inicio de este artículo habíamos mencionado que hay muchos signos en la región de un movimiento fundamentalista evangélico neo-concordatario y partidario de la pluriconfesionalidad del Estado. Su carácter de movimiento es visible desde que las iglesias evangélicas todavía no tienen un centro de autoridad regional ni mundial de carácter religioso o político que pueda organizar su agenda pública de manera centralizada o coordinada. Se trata más bien de una constelación de organizaciones religiosas, académicas, políticas y cívicas que van consensuando su proyecto político en la práctica misma de un activismo político semejante al de las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que reciben un soporte ideológico –expreso o tácito– del proyecto integrista actualmente dominante de la jerarquía católico-romana (pro-vida, pro-familia, tridentina y hierocrática) la cual sí actúa como centro vertebrador y organizativo con presencia global y social. En esa práctica concreta, descubren sus cercanías de fondo con la agenda política católico-romana y relativizan sus discrepancias en torno a la igualdad religiosa, negociando sus características así como las del Estado laico.

En segundo lugar, es fundamentalista ya que los rasgos teológicos de las organizaciones que componen dicho movimiento son el literalismo bíblico, la inerrancia, simpatías por un mesianismo norteamericano en el marco de una teología dispensacionalista, el afán de retornar a los fundamentos de una doctrina bíblica única y verdadera y su rechazo al liberalismo teológico, entre otros.

Luego, es de carácter neo-concordatario pues en el plano de las relaciones con el Estado, propone sistemáticamente que su estatus jurídico-político ante el Estado se base en instrumentos bilaterales y no en legislación estatal. Si bien es cierto dichos acuerdos no pueden equipararse ni en naturaleza (forzosamente son de derecho público interno, no de derecho internacional público) ni en contenido (la amplitud de derechos y beneficios acordados por el Estado son menores a los católicos) a los Concordatos con la Santa Sede, sin embargo se modelan a imagen y semejanza de ellos. Un matiz ideológico interesante, sin embargo, es que mientras la Santa Sede basa la legitimidad de los Concordatos en las doctrinas teológicas de la societas perfecta y la libertas ecclesiae, las organizaciones evangélicas legitiman sus acuerdos de cooperación en los derechos laicos constitucionales de libertad e igualdad religiosa.

Finalmente, hemos desarrollado que son partidarias de una pluriconfesionalidad del Estado pues: a) no promueven la igualdad de derechos para los no creyentes y para todas las confesiones religiosas que coexisten en un país dado (católicas y no católicas) sino un régimen jurídico-político especial sólo para las iglesias evangélicas; b) si bien es cierto a veces rechazan totalmente el concepto de Estado laico y otras veces aceptan o toleran dicho término, en cambio rechazan completamente la idea de que el Estado deba estar exento de influencias cristianas en el diseño de sus fundamentos, de sus políticas públicas y legislación, c) consideran que la libertad de conciencia, de religión así como el principio de igualdad no implican necesariamente la aceptación, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos de las minorías sexuales y de las mujeres, ni los derechos culturales de los pueblos indígenas, todos los cuales son considerados como “desviaciones” de una democracia o como “falsos derechos”. Lo anterior, sin cuestionar esencialmente el lugar hegemónico del catolicismo y de la iglesia católico-romana ante la sociedad y el Estado, lo que sirve para intentar esporádicas alianzas políticas para aprobar o rechazar legislación y políticas públicas de común interés.

Por otro lado, en el análisis del tipo de movimientos hacia la laicidad que sirven de contrapeso a los movimientos pluriconfesionalistas, hay que tener en cuenta el carácter no solamente plurirreligioso de las actuales sociedades latinoamericanas sino su ancestral carácter multicultural debido a la existencia de pueblos indígenas con presencia anterior a la de los Estados republicanos post-coloniales. Esto implica para nuestro tema que el nacional-catolicismo, al pretender ser el cimiento de un imaginado “Estado-nación”, no puede dejar de ser una manifestación del colonialismo pues afirmar dicha ideología en países como los latinoamericanos no sólo implica afirmar una “sola religión” y una “sola iglesia” en oposición al pluralismo religioso sino también implica afirmar “una sola nación” en discrepancia con la multietnicidad y/o la plurinacionalidad. De allí que las luchas por la laicidad del Estado adquieran tonos particulares como ha ocurrido expresamente en Bolivia y Ecuador donde el proceso de laicización se inserta de manera consciente dentro de procesos mayores de descolonización del Estado, de constitucionalismo post neoliberal y de plurinacionalidad.

Así, el cuestionamiento de la hegemonía católica no implicará solamente un cuestionamiento del Estado confesional sino sobre todo de la misma colonialidad del poder. Por tanto, esta es otra razón por la que difícilmente podrían asimilarse las laicidades latinoamericanas a la laïcité francesa o a las europeas.

También es importante remarcar que existe una tendencia general hacia la instauración de regímenes especiales de cultos reconocidos por el Estado a través de la aprobación de leyes de libertad religiosa. Sin embargo, en sí mismo, este régimen de cultos reconocidos no implica por sí solo una tendencia hacia el Estado pluriconfesional como lo muestra el caso mexicano, en el que existe registro de cultos reconocidos pero se trata de un Estado evidentemente laico. No, la piedra de toque de la pluriconfesionalidad del Estado se encuentra en la instauración de acuerdos de colaboración patrimonial Estado-confesiones religiosas (posibilitados sobre la base de dicho régimen de cultos reconocidos) y cuyos contenidos tienen como referencia los concordatos de la Santa Sede. 13

Creemos haber demostrado también mediante el caso peruano que las tendencias hacia la pluriconfesionalidad del Estado de las organizaciones evangélicas no son inexorables. Se suscitan cambios, retrocesos y avances, convergencias y divergencias. A esta efervescencia del campo religioso -católico y no católico- hay que añadir la acción a favor de la laicidad del Estado de actores de la sociedad civil tales como las minorías sexuales, los movimientos por los derechos de la mujer, el movimiento indígena, etc.. Esta contestación amplia y múltiple de la hegemonía católica desde muchos frentes, no necesariamente origina que el Estado se libere de toda influencia religiosa y se convierta en una especie de árbitro del pluralismo religioso, pues la lógica del movimiento evangélico fundamentalista es colonizar el espacio público (incluyendo al Estado) y en ello compite además –en algunos contextos como Ecuador y Bolivia- con el movimiento indígena que también busca espacios públicos para su espiritualidad autóctona mediante reconocimientos constitucionales a la Pachamama por ejemplo.

Entonces, el pluralismo religioso no necesariamente autonomiza al Estado pues éste se convierte en escenario de competencias y negociaciones por cooptarlo: dependiendo de los contextos de cada sociedad, puede transitarse hacia un modelo de Estado laico en el que éste se seculariza cada vez más, o al contrario, hacia un Estado pluriconfesional en el que la iglesia católica comparte cuotas de poder público con las nuevas iglesias evangélicas.

Estrasburgo, primavera de 2011

Referencias

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[4] Mallimaci, F. (2001). Catholicisme et libéralisme: les étapes de l'affrontement pour la modernité religieuse en Amérique latine, en: Bastián, J. P. (Comp.). La modernité religieuse en perspective comparée. Europe latine-Amérique latine. Francia: Karthala, 160pp.

[5] Blancarte, R. (Comp.). (2008). Los retos de la laicidad y la secularización en el mundo contemporáneo. México: El Colegio de México A.C., 493pp.

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< http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/observatoire-religieux/2010-02- amerique-latine.pdf >, consultada: septiembre 13 de 2010.

[8] Huaco, M. (2005). Derecho de la Religión: el Principio y Derecho de Libertad Religiosa en el Ordenamiento Jurídico Peruano, Lima, Fondo Editorial de la Universidad Peruana de Unión, 396pp.

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<http://www.marcohuaco.com/mh/bajados%20marco/IGUALES.doc>, consultada: octubre de 2010.

[10] Micheline, M. (2008). La laïcité. Montreal: Novalis, 140pp. [En línea] Disponible en:

<http://www.entrepotnumerique.com/p/9782895079569>, consultada: septiembre de 2010.

[11] Baubérot, J. y Micheline, M. (2010). Laïcités sans frontières, Paris: Seuil, 338pp.

Perú hacia un Estado pluriconfesional: el caso de la nueva ley de libertad religiosa 1