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Políticas públicas para la igualdad
económica de género en
Latinoamérica (2013-2019):
Colombia, México y Chile
Camila Oriard Aguirre *
* Egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad La Salle,
México. Orcid: 0000-0002-0221-1843, camila-oriard@lasallistas.org.mx
Resumen
Pese a los intentos de acortar la brecha de género en América
Latina por medio de políticas públicas para la igualdad de gé-
nero, este sigue siendo un problema latente en la región, pues los
resultados obtenidos de dichas políticas públicas únicamente se
materializan a corto y mediano plazo. El ámbito económico ha si-
do uno de los más afectados, lo que diezma el desarrollo y la me-
joría en las condiciones para las mujeres en la región. El objetivo
de este artículo es analizar las políticas públicas para la igualdad de
género en materia económica por medio de un análisis compara tivo
entre Colombia, México y Chile. Se toman como base indicado-
res como el índice de feminidad en los hogares pobres y la bre-
cha salarial, con el n de comprender la diferencia de género y de
oportunidades a las que se enfrentan las mujeres en dichos países.
Palabras clave
Brecha de género, Latinoamérica, desarrollo, políticas públicas,
ámbito económico.
Fecha de recepción: Fecha de aceptación:
abril de 2021 septiembre de 2021
Public policies for gender economic equality in Latin America
(2013-2019): Colombia, Mexico and Chile
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Keywords
Gender gap, women, development, public policies, economic scope.
Abstract:
Despite attempts to reduce the gender gap in Latin America through
public policies for gender equality, this continues to be a longstanding
problem in the region, since the results obtained from these public pol-
icies are to be ful lled only in the short and medium terms. e eco-
nomic eld is one of the most a ected, consequently decimating the
development and the improvement of conditions for women in the re-
gion. e objective of this article is to analyze public policies for gender
equality in economic matters through a comparative analysis between
Colombia, Mexico and Chile, based on indicators such as the femini-
nity index in poor households and the wage gap, in order to understand
the gender gap and the di erence in opportunities that women face in
those countries.
Introducción
La agenda regional de género en América Latina y el Caribe lleva
desarrollándose por más de 40 años a través de distintos planes,
programas de acción, consensos y conferencias, pero ha tomado
mayor relevancia y fuerza a partir de la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer en Beijing (1995). A pesar de ello, de las resolucio-
nes emitidas regionalmente y de la implementación de políticas
públicas por la igualdad de género, los avances en esta materia se
han plasmado como insu cientes e inciertos. Lo anterior se debe
a que los resultados se han presentado únicamente a corto y me-
diano plazo, han quedado estancados y sin continuidad, lo que ha
propiciado la permanencia de la desigualdad y la brecha de géne-
ro. En consecuencia, el desarrollo y la mejoría de las condiciones
sociales, económicas y políticas de las mujeres en la región se han
visto impedidos.
El presente artículo tiene como objetivo analizar las políticas
públicas para la igualdad de género en materia económica, debido
a que este ámbito ha sido uno de los más rezagados y con menor
evolución. La región de América Latina y el Caribe se posiciona
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en el índice global de brecha de género 2020 en el sexto puesto
de ocho del subíndice de participación y oportunidad económi-
ca con una puntuación de 0.642 según el Foro Económico Mun-
dial (, 2019, p. 22).
Por lo anterior, se realizará un análisis comparativo entre Co-
lombia, México y Chile, pues son países que presentan ciertas se-
mejanzas en cuanto a los objetivos de sus políticas públicas para la
igualdad de género en materia económica. El análisis se hará to-
mando como base dos variables para su comparación: el índice de
feminidad en los hogares pobres y la brecha salarial. Se realizará
un estudio observacional, transversal y prospectivo que permita
identi car la efectividad o ine cacia de las políticas públicas por
la igualdad de género económica.
Para analizar las políticas públicas pertinentes, en primera ins-
tancia, se hace una explicación basada en la teoría feminista li-
beral, que sentará las bases de análisis para la presente línea de
investigación. Asimismo, se detalla brevemente la implementa-
ción de la agenda regional de género para comprender la relevan-
cia que esta ha obtenido en la región, y se explica la posición en la
que se ubican los tres países en el índice global de brecha de géne-
ro 2020, en especí co en el desarrollo del subíndice de participa-
ción y oportunidad económica. Este se analizará por medio de los
dos indicadores previamente mencionados mediante el uso de la
metodología cuantitativa , al presentar datos de muestreo no pro-
babilísticos por cuota de género. Esto permitirá analizar los re-
sultados de las políticas públicas implementadas. Finalmente, se
realiza un comparativo de los tres países con el propósito de iden-
ti car la e ciencia de las políticas públicas y la brecha de género a
la que se enfrentan las mujeres, con el n de determinar las posi-
bles áreas de oportunidad para su reducción.
Feminismo liberal
Durante 1960 y 1970, con la con guración de la segunda ola fe-
minista, surgieron distintas corrientes teóricas, tales como el
feminismo liberal con autoras como Betty Friedan, quien escribió
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La mística de la feminidad. En este libro, se critica ampliamente
el estigma cultural y la condición del rol establecido para las mu-
jeres como amas de casa ocasionado por las limitaciones sociales
impuestas sobre las mujeres madres y casadas (Bloch, 2013).
Betty Friedan (1965) sostenía la premisa de que, para rom-
per con la imagen errónea que idealizaba a las mujeres, recono-
ciéndolas únicamente como felices y plenas al realizar actividades
del hogar y dedicarse completamente a sus familias, era necesa-
rio promover su integración en el mercado laboral por medio de
la emancipación económica, pues su potencial revolucionario o-
recería únicamente por medio de la inclusión en la fuerza laboral
y al realizar trabajos mucho más profesionales, intelectuales y úti-
les en los que los salarios fueran justos. Por tanto, se impulsaría a
la sociedad para dar un gran paso no solo hacia el desarrollo, sino
también a la reducción de la brecha de género. Así, resaltaba que
“la única manera para una mujer, como para un hombre, de en-
contrarse a sí mismos, es por medio de su propio trabajo creador”
(Friedan, 1965, p. 382).
El feminismo liberal sostiene que, para que la situación des-
igual a la que se enfrentan las mujeres disminuya, es fundamental
postular reformas al sistema para poder alcanzar la igualdad en-
tre hombres y mujeres (De Miguel, 2011), pues la teoría reconoce
que el problema principal de la desigualdad radica en que las mu-
jeres son excluidas de la esfera pública.
Perpetuar la condición de inferioridad hacia las mujeres im-
pide que se alcance la emancipación, por ello, deben buscarse
cambios legislativos impulsados mediante la implementación de
políticas públicas que permitan a las mujeres alcanzar el empode-
ramiento su ciente para superarse gracias a sus propios méritos.
Lo anterior ocasionará que tanto hombres como mujeres puedan
gozar de los mismos privilegios y bene cios que brinda alcanzar
el desarrollo compartido como sociedad sin importar las cuestio-
nes de género.
A continuación se muestra la agenda regional de género, a par-
tir de las conferencias más signi cativas de la región.
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Agenda regional de género: de la Conferencia Mundial sobre
la Mujer en Beijing (1995) a la Estrategia de Montevideo (2016)
La agenda regional de género en América Latina y el Caribe co-
menzó a desarrollarse desde 1977, cuando se celebró la I Confe-
rencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo
Económico y Social de América Latina en la Habana. Esta confe-
rencia permitió, por primera vez, la apertura de un espacio para la
discusión de los derechos de las mujeres y resaltar las desigualda-
des de género que se presentaban en la región. Sin embargo, fue en
1994 que se aprobó el Programa de Acción Regional de Mar de la
Plata, donde se sentaron las bases para la correcta aplicación de los
compromisos estipulados en 1995 en la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer en Beijing. En ella, los países de la región se com-
prometieron a cumplir con los objetivos de promover la igualdad,
el desarrollo y la paz mediante de la aplicación de políticas públi-
cas para disminuir la brecha de género.
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer signi có el auge
de la teoría liberal feminista,1 al expandirse sus objetivos e ideales
especí camente en la región latinoamericana, donde, con la idea
de propiciar la igualdad entre hombres y mujeres, continuaron ce-
lebrándose cada tres años las conferencias regionales sobre la in-
tegración de la mujer.
Las conferencias regionales abordan problemáticas relevan-
tes para alcanzar la igualdad de género. Entre las más signi cati-
vas está el Consenso de uito de 2007, también conocida como
la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe, en la que los Estados miembros de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (Cepal) promovieron la
creación de un Observatorio sobre Igualdad de Género encarga-
do de la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas y
avances implementados por parte de los Estados. De igual mane-
1 Esta teoría plantea que las mujeres son oprimidas debido a que no son considera-
das ni tratadas como iguales por los hombres, por lo que debe exigirse igual número
de oportunidades para revertir la situación (Villarroel, 2007).
208 P / Oriard
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ra, en esta conferencia, se determinaron los indicadores de género
correspondientes para evaluar si las políticas públicas y planes na-
cionales que se desarrollaban y aplicaban en los países promovían
los tres pilares fundamentales para disminuir la brecha de géne-
ro. Dichos pilares fueron de nidos como autonomía económica,
autonomía física y autonomía en la toma de decisiones (Benaven-
te y Valdés, 2014).
A partir de estos tres pilares se generalizó la premisa de que las
políticas públicas de género deben estar “basadas en la igualdad
como horizonte y como principio, deberán hacer posible que las
mujeres detenten mayor autonomía y poder” (Benavente y Valdés,
2014, p. 6). Esta premisa no solo ejempli ca el alcance e in uencia
de la teoría feminista liberal en el pensamiento contemporáneo,
sino que también sentó las bases para el desarrollo de las políticas
públicas de los Estados miembros de la Cepal en pro de la autono-
mía de las mujeres; hizo notoria la importancia de la inclusión de
las demandas de género ante la necesidad de construir y promo-
ver sociedades latinoamericanas mucho más justas e incluyentes.
Otra de las conferencias de gran importancia fue la Estrategia
de Montevideo de 2016, también conocida como la XIII Con-
ferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
Esta es la estrategia más reciente en lo que concierne al tema de
igualdad de género y quizás la más signi cativa hasta el momen-
to, debido a que implica un compromiso político regional para el
cumplimiento e implementación plena de las conferencias regio-
nales sobre la mujer y la sinergia con los objetivos de desarrollo
sostenible () desde la perspectiva de la igualdad de género, los
derechos humanos de las mujeres y su autonomía. Dicha estrate-
gia plantea ser el instrumento que permite la implementación de
las políticas públicas en la región y su fortalecimiento con un en-
foque transversal, al comprometer en su totalidad a las estructu-
ras estatales para la trascendencia de las políticas inclusivas en pro
de la igualdad de género (Benavente y Valdés, 2014).
La región de América Latina y el Caribe ha sido una de las más
activas de forma ininterrumpida para alcanzar la igualdad de gé-
nero, en consonancia tanto con las conferencias regionales como
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con los objetivos de la agenda 2030. No obstante, es importante
resaltar que, pese a la iniciativa de los planes de igualdad y el com-
promiso que se ha visto en la región, todavía queda un largo ca-
mino por recorrer.
El Informe regional sobre el examen de la Declaración y la Pla-
taforma de Acción de Beijing en los países de América Latina y el
Caribe a 25 años de su aprobación destacó que los avances no han
sido constantes y, debido al contexto social, político y económi-
co de la región, así como a las proyecciones de inestabilidad cau-
sada por el resurgimiento de las tendencias conservadoras, cabe la
posibilidad de que los logros concretados lleguen a perderse (Ce-
pal, 2019).
A continuación se aclararán algunos términos, índices y pos-
turas enfocados en la región latinoamericana.
Índice global de brecha de género 2020 en Colombia,
México y Chile
Puede entenderse a la brecha de género como aquella distancia
persistente entre hombres y mujeres en lo que respecta a la des-
igualdad de oportunidades y condiciones sociales, políticas, eco-
nómicas y culturales, entre otras, que propician que el estilo de
vida y el pleno desarrollo de las mujeres sean mucho menores que
los de los hombres (Inmujeres, 2018).
Aunado a lo anterior, desde 2006, el Foro Económico Mun-
dial se dio a la tarea de evidenciar la disparidad de género mundial
—la cual se mide de la siguiente forma: 0.00 signi ca la máxima
disparidad, mientras que 1.00 signi ca la máxima paridad—, pa-
ra generar conciencia en la sociedad y propiciar cambios signi ca-
tivos que mejoren las condiciones de vida de la mujer.
El índice global de brecha de género mide la disparidad por
medio de cuatro subíndices: participación y oportunidad econó-
mica, logros educativos, salud y supervivencia y empoderamiento
político. Para efectos de este trabajo, se tomará como base el su-
bíndice de participación y oportunidad económica, que es el se-
gundo subíndice con menor desempeño y evolución de la región,
210 P / Oriard
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lo cual se evidencia en que la región se encuentra en el sexto pues-
to de ocho, según los últimos datos del índice (, 2019).
Respecto a los tres estudios de caso que se busca comparar,
Colombia se posicionó en el lugar 22 del ranking global con una
puntuación de 0.758, por lo que es, en la región, el tercer país con
mayor paridad de género (, 2019). Sin embargo, pese a encon-
trarse muy bien posicionado, todavía presenta fuertes rezagos en
el subíndice de participación y oportunidad económica, en el que
obtuvo una puntuación de 0.735 y ocupó por ello el puesto 42 en
el ámbito global (, 2019).
México, por su parte, obtuvo una puntuación de 0.754 en la
escala global que lo posicionó en el lugar 25. Es el quinto país en
la región con mayor paridad de género (, 2019). Pero, igual
que Colombia, e incluso en dimensiones mayores, se presentaron
grandes atrasos en el subíndice de participación y oportunidad
económica por haber obtenido una puntuación de 0.574, equiva-
lente al puesto 124 en el mundo (, 2019).
En Chile, la situación es aún más preocupante. En la escala
global, el país obtuvo una puntuación de 0.723, que lo colocó en
el puesto 57; esta puntuación equivale, en el ámbito regional, al
puesto 14 de los 25 que toma en consideración el índice (,
2019). En lo que respecta al subíndice de participación y oportu-
nidad económica, igual que los otros dos países presenta un gran
atraso. Sin embargo, puede observarse una diferencia signi cati-
va en que, en contraste con México, el país obtuvo una mejor pun-
tuación para este subíndice con un total de 0.608, lo cual lo ubicó
en el puesto 111 globalmente (, 2019).
Con el n de comprender los resultados expuestos con ante-
rioridad, se presentan a continuación los planes y programas de
políticas públicas implementados por los tres países, respectiva-
mente, para acortar la brecha de género que afecta directamente
la autonomía económica de las mujeres. La Cepal la de ne como
“la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios
a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condicio-
nes que los hombres. Considera el uso del tiempo y la contribu-
ción de las mujeres a la economía” (, s. f.).
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En el caso de Colombia, se implementó el Plan de Acción In-
dicativo 2013-2016 de la Política Pública Nacional de Equidad de
Género para las Mujeres, también conocido como Conpes 161,
evaluado a través de Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer (). En este plan, el eje estratégico 2, autonomía eco-
nómica y acceso a activos, tuvo como objetivo principal promover
y potenciar la autonomía económica de las mujeres al aumentar
la participación femenina en el mercado laboral por medio de la
igualdad de oportunidades y la disminución de la brecha salarial,
así como incrementar las oportunidades laborales para las muje-
res rurales mediante la promoción de proyectos de nanciación,
capacitación y asistencia técnica (Conpes, 2013).
En México, se desarrolló el Programa Nacional para la Igual-
dad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres
2013-2018, también conocido como Proigualdad, evaluado por el
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). En dicho progra-
ma, el objetivo transversal 3, promover el acceso de las mujeres al
trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en
un marco de igualdad, consistió en propiciar la autonomía econó-
mica de las mujeres por medio de capacitaciones laborales, incen-
tivar a las empresas para tener planillas con cuando menos 40%
de participación femenina, fomentar la igualdad salarial y faci-
litar el acceso a nanciamiento, entre otros (Peña Nieto, 2013).
Chile implementó el Plan de Igualdad entre Hombres y Mu-
jeres 2011-2020, supervisado por el Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género (Sernameg). En este plan, la intención de
alcanzar la autonomía económica se situó en el eje estratégico 1.4,
igual acceso a las oportunidades, que tuvo como principales ob-
jetivos aumentar la participación laboral femenina al propiciar la
igualdad de oportunidades, la reducción en un 50% de la brecha
salarial, impulsar programas de nanciamiento para fortalecer el
emprendimiento femenino y asegurar empleos de calidad (Serna-
meg, 2011, pp. 47-48).
Cabe resaltar que este plan fue renovado y actualizado en
2018, pero para efectos de este trabajo, se evaluarán los resultados
con base en el eje estratégico 1.4, igual acceso a las oportunida-
212 P / Oriard
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des. En los siguientes capítulos, se analizarán las políticas públi-
cas mencionadas por medio de dos indicadores, a saber: el índice
de feminidad en los hogares pobres y la brecha salarial. Los resul-
tados de dichos indicadores se tomarán en cuenta a partir de la
implementación de las políticas públicas; esto nos permitirá vis-
lumbrar su éxito o fracaso en concordancia con alcanzar la auto-
nomía económica de las mujeres y, por consiguiente, cumplir con
la agenda 2030, en particular con el objetivo 5, igualdad de géne-
ro, y el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico.
Índice de feminidad en los hogares pobres
El índice de feminidad en los hogares pobres es de nido por la
Cepal como el “índice que muestra las disparidades en la inciden-
cia de la pobreza entre hombres y mujeres” (Cepalstat, s. f.). Para
la medición de este indicador, se toma en consideración que los
países que obtengan un valor superior a 100 serán aquellos en los
que la pobreza afecte en mayor medida a las mujeres de entre 20 y
59 años que a los hombres de la misma edad, lo que in uye en que
las condiciones de vida a las que se enfrentan las mujeres no solo
sean desiguales, sino deplorables.
En términos generales, las condiciones mencionadas tienen
consecuencias más allá del ámbito particular, puesto que la po-
breza femenina tiene un efecto directo en la base del desarrollo
social. Esto se debe a que el rol femenino en el ámbito económico
es fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible, ya que las
mujeres, en su mayoría, no solo se dedican al cuidado y a la educa-
ción de los hijos, sino también a trabajar para contribuir o, en su
caso, ser el sustento de sus familias.
Este índice nos permite evaluar la reducción o el aumento de
la pobreza en los tres casos de estudio, con el n de identi car la
verdadera e ciencia o fracaso de las políticas públicas por la igual-
dad de género económica en pro de la autonomía económica de
la mujer. A continuación, se presenta una grá ca con los últimos
datos recabados por parte de la Cepal para poder evaluar la evo-
lución de la pobreza femenina en Colombia, México y Chile a
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partir de la implementación de sus planes y proyectos respecti-
vos (Figura 1).
Figura 1. Índice de feminidad en hogares pobres en el ámbito nacional:
Colombia, México y Chile (2013-2018)
Fuente: elaboración propia con datos de Cepalstat (2018).
Con el propósito de realizar un análisis comparativo entre
Colombia, México y Chile, en la presente grá ca puede observar-
se el índice de feminidad en hogares pobres en el ámbito nacional
desde entre 2013 y 2018 en los tres países. Tal como se observa,
hay años en los que la recopilación de información por parte de
los países empata, y años en los que no, porque los datos presenta-
dos son resultado de los censos nacionales de cada país; es por ello
por lo que, con el n de realizar un análisis más objetivo, se tomó
la decisión de presentar la información año por año desde 2013 a
2018, con el propósito de vislumbrar con mayor certeza los cam-
bios pertinentes en el indicador.
Colombia
Del año 2013 a 2016 se implementó el Conpes 161 que, por me-
dio del eje estratégico 2, buscaba alcanzar la autonomía econó-
mica de la mujer y, por ende, disminuir el índice de feminidad
140
120
100
80
60
40
20
0
115.4
2013 2014
Colombia México Chile
2015 2016 2017 2018
129.8
116.3
106.9
117.3
129.1
117.5
107.9
118.2
131.3
116.9
110
214 P / Oriard
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en los hogares pobres. Por ello, el gobierno de Colombia se dio a
la tarea de incorporar el enfoque de género en el mercado labo-
ral, tanto en el ámbito urbano como en el rural, para aumentar la
participación femenina y brindar igual número de oportunida-
des (Conpes, 2013).
Como se observa en la Figura 1, en el primer año de la im-
plementación del programa, Colombia obtuvo 115.4 puntos, lo
cual evidenció que las mujeres tendían a ser más pobres que los
hombres, al sobrepasar el valor ideal por 15.4 puntos. Por ende,
se esperaba que para 2014, con la implementación efectiva de las
políticas públicas, el valor disminuyera. Sin embargo, la cifra au-
mentó a 116.3 puntos. Posteriormente, en 2015, el índice alcanzó
117.3 puntos y en 2016, 117.5, lo cual puede interpretarse como
una pequeña mejoría, pues si bien el índice no había disminuido,
por lo menos mantuvo un aumento estable y no drástico.
Con la terminación del Conpes 161 en 2016 se mantenía la
expectativa de que en los años venideros se viesen re ejados los
logros obtenidos e incluso se superaran. Lamentablemente, en
2017, dichas expectativas se vieron diezmadas al obtenerse una
puntuación de 118.2, de modo que se podía estimar que para la
evaluación de 2018 los datos serían incluso menos favorables. Sor-
presivamente, fue todo lo contrario, ya que el índice disminuyó
drásticamente a 116.9 puntos.
La interpretación de los datos re eja que los resultados de las
políticas públicas del Conpes 161 en el transcurso de los seis años
de evaluación han sido de cierta forma irregulares, dado que el
índice no ha disminuido, pero tampoco ha aumentado drástica-
mente. De acuerdo con los últimos datos de 2018, se presentó un
aumento de 1.3 puntos con respecto del 2013, lo cual es posible
catalogar como un retroceso, pero todavía no como un fallo o in-
e ciencia de nitiva en la aplicación de las políticas públicas.
Es relevante mencionar que de los tres casos de estudio, Co-
lombia es el único en el que el índice de feminidad en hogares
pobres se evalúa anualmente. Esto permite apreciar con mayor
certeza la evolución del indicador e interpretar los resultados ob-
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tenidos, así como la e ciencia o fracaso de las políticas públicas
por la igualdad de género económica implementadas.
México
Entre 2013 y 2018, México promovió la implementación de Proi-
gualdad con el objetivo transversal 3. El país impulsó políticas
públicas por la igualdad de género económica, que involucraban
presentar alternativas de trabajo remunerado para mujeres en si-
tuación de vulnerabilidad, así como incrementar la participación
femenina en espacios laborales tradicionalmente predominados
por hombres para disminuir el índice de feminidad en hogares
pobres, entre otras (Peña Nieto, 2013).
La Figura 1 re eja que, en el caso de México, el indicador se
evalúa cada dos años, por lo que los datos obtenidos a partir de la
implementación de Proigualdad comenzaron a contabilizarse a
partir de 2014, cuando se obtuvo una puntuación de 106.9 pun-
tos que posicionaban al país por encima del valor ideal de 100
puntos.
Se estimaba que, a partir de la implementación de las políticas
públicas en la evaluación del 2016, se vislumbrarían grandes resul-
tados en la disminución del índice, pero, en lugar de ello, se pre-
sentó un aumento de 1 punto, que le daba al país la puntuación de
107.9 puntos. Si bien 1 punto no es mucho, las expectativas que
se tenían eran realmente altas y que el índice no disminuyera fue
el re ejo de que las políticas públicas no estaban alcanzando los
resultados esperados. Finalmente, en 2018, los resultados fueron
mucho más desalentadores, pues el país se posicionó 10 puntos
por encima del valor deseado con una puntuación de 110.
El análisis previo re eja que en los seis años de la implemen-
tación de Proigualdad no se obtuvieron logros signi cativos para
la disminución de la feminización de la pobreza, pues en ningún
momento el indicador re ejó un descenso en la puntuación o, por
lo menos, cierta estabilidad en la evolución del crecimiento; inclu-
sive, presentó un aumento de 3.1 puntos de diferencia con la pun-
tuación inicial de 2014.
De los tres países como casos de estudio, México tiene el me-
nor índice de feminización de la pobreza. Pero, al no haber nin-
216 P / Oriard
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gún cambio signi cativo, en los próximos años dicha situación es
propensa a revertirse e incluso agravarse.
Chile
Desde 2011 se ha implementado el Plan de Igualdad entre Hom-
bres y Mujeres, cuya conclusión se esperaba en 2020, sin embar-
go, fue actualizado y extendido hasta 2030. Por ello, se toma en
consideración únicamente el eje estratégico 1.4 del plan original
para su evaluación. Dicho eje contempla que, para alcanzar la au-
tonomía económica de las mujeres y disminuir la feminización de
la pobreza, debe aumentarse la promoción y el apoyo para el em-
prendimiento femenino, garantizar el acceso a igual número de
oportunidades para las mujeres que viven en áreas rurales sin im-
posición ni discriminación, entre otras políticas, por la igualdad
de género económica (Sernameg, 2011).
Chile, en la Figura 1, re eja que la evaluación del índice se
realiza, igual que en México, cada dos años, pero con la diferen-
cia de que los primeros datos que se evalúan son los recabados en
2013, es decir, dos años después del inicio de la implementación
del plan. Ese año, el país obtuvo una puntuación de 129.8, que lo
ubicaba 29.8 puntos por encima del valor ideal para poder igua-
lar el índice de pobreza entre hombres y mujeres. Posteriormente,
en 2015, puede observarse que se presentó una pequeña disminu-
ción en el índice con una puntuación de 129.1. Sin embargo, para
2017, el último año del que se tienen datos, se presentó un cam-
bio drástico y negativo, pues se obtuvo un valor de 131.3 puntos,
lo que posicionó al país 31.3 puntos por encima del valor idóneo.
Los datos previos re ejan que en los nueve años de la aplica-
ción del Plan de Igualdad entre Hombre y Mujeres, las políticas
públicas implementadas para alcanzar la autonomía económica
de las mujeres y reducir el índice de feminización en hogares po-
bres no han signi cado un cambio a largo plazo. A pesar de que
que en 2015 se presentó una pequeña disminución, esto no tuvo
trascendencia, ya que en 2017 el valor nuevamente aumentó y de-
jó al país 1.5 puntos arriba del valor inicial de 2013.
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Es preciso señalar que de los tres estudios de caso, Chile es
el país que tiene un mayor índice de feminización de la pobre-
za; además, los resultados esperados debido a la amplia duración
del plan son mayores. Por ello, es posible decir, y en contraste con
los resultados obtenidos, que las políticas públicas implementadas
han sido ine cientes.
Brecha salarial
Uno de los indicadores que tiene mayor efecto en la brecha de gé-
nero y que afecta directamente el estilo de vida y el desarrollo de
las mujeres es la brecha salarial, detonante de la mayoría de los
problemas económicos a los que se enfrentan las mujeres, debi-
do a que es la barrera que les impide alcanzar la autonomía econó-
mica y superar la pobreza. Esto in uye en que su calidad de vida
sea mucho menor que la de los hombres (, 2016). La Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ()
de ne la brecha salarial como “la diferencia entre la media de in-
gresos entre hombres y mujeres en relación con los ingresos me-
dios de los hombres” (, s. f., párr. 1).
Por lo anterior, evaluar la brecha salarial es fundamental para
comprender la brecha de género a la que se enfrentan los países,
pues no solo propicia que no exista la remuneración justa para las
mujeres al realizar el mismo trabajo que los hombres, sino que, in-
cluso, al tener puestos con mayor rango y responsabilidades, el suel-
do que perciben tiende a ser mucho menor que el de los hombres.
Las premisas de la economía feminista liberal plantean que
uno de los principales factores que in uyen en el incremento de
la represión femenina es el valor que se les otorga en la sociedad,
lo cual promueve que se les siga viendo como actores irrelevantes
para el desarrollo de la economía, al considerar que el valor de los
hombres es mayor por simplemente ser hombres. No obstante, es
posible decir que la premisa acerca de que las mujeres son irrele-
vantes para la economía es errónea, ya que desde la Declaración
de Beijing de 1995 se reconoce a las mujeres como un actor funda-
mental para el crecimiento y el desarrollo económico de los países,
ante lo cual es fundamental propiciar la participación igualitaria
de las mujeres en el ámbito laboral.
218 P / Oriard
M’
A continuación, se presenta una grá ca (Figura 2) con la in-
formación recabada por los institutos nacionales de los tres paí-
ses que se estudian, con el n de comparar y evaluar la e ciencia
o fracaso de las políticas públicas implementadas para acortar la
brecha salarial y permitir la participación igualitaria de las muje-
res en empleos de calidad.
Figura 2. Brecha de ingreso laboral mensual promedio nacional:
Colombia, México y Chile (2013-2019)
Fuente: elaboración propia con datos de Coneval (2020); el Departamento Administrativo Na-
cional de Estadísticas (, 2020), el Ministerio del Trabajo y Previsión Social (2019) y la Or-
ganización Internacional del Trabajo (, 2019).
Para efectos de realizar un análisis comparativo entre Colom-
bia, México y Chile, en esta grá ca se observa la brecha de ingreso
mensual promedio nacional entre 2013 y 2019 en los tres países.
Igual que en la Figura 1, la Figura 2 re eja años en los que la reco-
pilación de información por parte de los países empata, y años en
los que no. Por ello, se tomará el mismo criterio de presentación
que con el índice de feminidad en los hogares pobres.
Colombia
A partir de la implementación del Conpes 161 con el eje estraté-
gico 2, el gobierno de Colombia se propuso promover la igualdad
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Colombia México Chile
26.70%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21.42% 22.93%
26.30%
22.03% 21.99%
23.10%
21.60% 22.69%
26.10%
14%
17.10%
17.60%
12.10% 12.90%
15.70%
22.66%
18.20%
219
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salarial mediante la creación de más y mejores empleos formales
con enfoque de género (Herrera y Rosero, 2018). Tal como se ob-
serva en la Figura 2, en 2013, las mujeres en Colombia recibían
un ingreso mensual 18.20% menor que el de los hombres. Para el
2014, dicho porcentaje disminuyó a 17.60 por ciento. Lo anterior
re ejó que los esfuerzos por formalizar la economía colombiana
comenzaban a dar resultados positivos.
Posteriormente, en 2015, el porcentaje volvió a disminuir de
forma progresiva a 17.10 por ciento. Pero no fue sino hasta 2016,
con la culminación del Conpes 161, que fue posible vislumbrar la
e ciencia de la implementación de las políticas públicas, así como
la continuidad en la disminución progresiva del porcentaje. Ese
año, la diferencia salarial fue de 15.70 por ciento; en 2017, de 14
por ciento; y para 2018, la brecha se acortó al 12.10 por ciento.
Pese a que para 2019 la brecha aumentó a 12.90 por ciento
—lo cual signi có la pérdida de la disminución progresiva que
se había mantenido desde el inicio de la implementación de las
políticas públicas—, esos seis años de disminución en la brecha
salarial fueron realmente signi cativos para sentar las bases del
cambio en pro de la igualdad de género laboral. A su vez, cabe des-
tacar que de los tres países, Colombia es el que tiene menor por-
centaje de brecha salarial.
México
Con la implementación de Proigualdad, a través del objetivo
transversal 3, el gobierno de México se dio a la tarea de alcan-
zar la igualdad salarial como un objetivo primordial (Peña Nieto,
2013). A diferencia del índice de feminidad en hogares pobres, la
brecha salarial es calculada anualmente por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (), lo cual permite destacar, con
mayor certeza, la evolución de los resultados.
En 2013, año en que comenzó la implementación de las polí-
ticas públicas, la brecha salarial se ubicaba en un 22.66 por cien-
to. Posteriormente, en 2014, disminuyó a 21.42 por ciento, por lo
que se esperaba que dicha tendencia perdurara. No obstante, para
2015, ascendió a 22.93 por ciento y superó el valor inicial. De es-
ta forma, en 2016, nuevamente el porcentaje disminuyó a 22.03
220 P / Oriard
M’
por ciento. Fue a partir de ese año y hasta 2018, cuando la brecha
comenzó a disminuir en pequeños porcentajes, pero sin que esto
implicara un cambio signi cativo, ya que en 2017 y 2018 el cam-
bio fue mínimo, con un 21.99 por ciento y un 21.60 por ciento,
respectivamente.
Con la nalización del programa, en 2018, se mantenía la ex-
pectativa de que en los años subsecuentes se vieran éxitos a largo
plazo. Desafortunadamente, los últimos datos obtenidos de 2019
re ejan un retroceso signi cativo, con un porcentaje de 22.69 por
ciento, que posicionaron la brecha salarial actual por encima de
la brecha existente al inicio de la implementación de las políticas
públicas.
Chile
Tal como se mencionó con anterioridad, la brecha salarial tiene
un efecto directo en la calidad de vida de las mujeres. En el caso
de Chile, que presenta una mayor brecha salarial en comparación
con los otros dos países, el gobierno, al reconocer la importancia
del tema, se propuso concretamente acortar la brecha salarial en
un 50 por ciento, con la implementación del Plan de Igualdad en-
tre Hombres y Mujeres. En el eje estratégico 1.4, especi có que,
para 2020, su meta era disminuir la brecha salarial por medio de
remuneraciones justas de acuerdo con la productividad de las mu-
jeres (Sernameg, 2011).
Igual que el índice de feminidad en los hogares pobres, la eva-
luación de la brecha salarial se realiza cada dos años en Chile. Es-
to implica que habría que esperar que los resultados obtenidos en
el transcurso de estos nueve años representaran una diferencia
signi cativa cada vez que se realizara la evaluación. Por otro lado,
en 2013, a dos años del inicio de la implementación del plan, la
brecha salarial que se presentaba en el país era del 26.70 por cien-
to. Para 2015, hubo una disminución, con un valor de 26.30 por
ciento, pero para efectos del objetivo propuesto, dicho porcenta-
je todavía era muy elevado como para poder disminuir un 50 por
ciento la brecha salarial. Las expectativas para 2017 eran elevadas
y, podría decirse, se cumplieron parcialmente, pues ese año el por-
centaje se situó en 23.10 por ciento.
221
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Si bien todavía no se llegaba a la mitad del porcentaje inicial,
por lo menos la brecha había disminuido signi cativamente al
elevar las expectativas de que esta mantendría la disminución pro-
gresiva que llevaba. No obstante, para 2019, se presentó un gran
retroceso, al aumentar a 26.10 por ciento, casi el mismo porcenta-
je que se obtuvo en 2013. En 2019, el porcentaje fue calculado por
la Organización Internacional del Trabajo (), a falta de resul-
tados concluyentes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Dado lo anterior, se estima que los resultados positivos de las
políticas públicas implementadas únicamente se presentaron a
corto plazo. Esta situación ha estancado el objetivo de reducir la
brecha salarial en un 50% para 2020, pues el porcentaje se en-
cuentra todavía muy lejano.
Comparativo de las políticas públicas de género
Luego de un análisis exhaustivo con respecto al índice de femini-
dad en hogares pobres y la brecha salarial entre los tres países, es cer-
tero decir que este es un caso de diseño indirecto de diferencias, pues
en los tres países se identi can tanto semejanzas como diferencias.
Es por ello que a continuación se presenta un cuadro comparativo
de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las políticas
públicas de género para determinar su e ciencia y, por consiguien-
te, identi car las posibles áreas de oportunidad en cada uno de los
casos de estudio para acortar la brecha de género existente.
Tabla1. Cuadro comparativo entre los resultados de las políticas públicas
por la igualdad de género económica
Comparativo Colombia-México-Chile
Colombia México Chile
Índice de
feminidad
en los
hogares
pobres
Aumento controlado:
en la última actualiza-
ción de datos, podemos
observar que el índice
se posicionó 1.3 puntos
por encima de la pun-
tuación de 2013.
Aumento descon-
trolado: en la última
actualización de datos,
podemos observar que
el índice se posicionó
3.1 puntos por encima
de la puntuación de
2014.
Aumento medio: en la
última actualización
de datos, podemos
observar que el índice
se posicionó 1.5 puntos
por encima de la pun-
tuación de 2013.
222 P / Oriard
M’
Brecha
salarial Disminución progre-
siva: a partir de 2013,
el índice disminuyó
constantemente
sin estancarse hasta
2019; se redujo la
brecha salarial de
18.20% a 12.90%.
Disminución inesta-
ble: de 2013 a 2019, el
índice ha presentado
inestabilidad al au-
mentar y disminuir
sin constancia preci-
sa; pasó de 22.66%
en 2013 a 22.69% en
2019.
Disminución insu-
ciente: debido a la
prolongada tempora-
lidad del programa,
se esperaba una dis-
minución progresiva,
pero en lugar de eso
se pasó de 26.70%
en 2013 a 26.10% en
2019.
Fuente: elaboración propia.
En primera instancia, puede decirse que la semejanza más sig-
ni cativa que presentan los tres países es que tienen objetivos o
ejes estratégicos con la intención de disminuir la brecha de género
económica por medio de la reducción del índice de feminidad en
los hogares pobres y la disminución de la brecha salarial. De igual
forma, los tres países son conscientes de la necesidad de propiciar
las condiciones adecuadas para que las mujeres puedan alcanzar
la autonomía económica.
Índice de feminidad en los hogares pobres
Con base en el análisis de los datos ya mencionados, puede de-
cirse que, en lo que respecta a la e ciencia de las políticas públi-
cas para reducir la feminización de la pobreza, se observa que de
los tres países, Colombia es el que muestra los resultados más pro-
metedores y favorables. A pesar de que las políticas públicas que
se han implementado no han sido del todo e cientes, ya que el ín-
dice no ha disminuido, no han sido un fracaso como tal, pues este
ha presentado un aumento controlado; por ello, su disminución
es más probable.
Por su parte, México es, de los tres países, el que presentó los
peores resultados a partir de la aplicación de las políticas públicas,
dado que estas no han sido e cientes y han signi cado un gran fra-
caso. El índice en ningún momento descendió; por el contrario,
aumentó drásticamente, lo que implicó un retroceso que puso en
riesgo la posición del país en el índice global de brecha de género.
Continúa
223
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Año 7 / Número 14 / ene-jun 2022 / pp. 203-230
Para Chile se tenían grandes expectativas debido a la tem po rali-
dad del programa, pero los resultados que se presentaron demostra ron
que, pese a la disminución temporal, este aumentó nuevamente. Es-
te es un ejemplo de la ine ciencia y del estancamiento de las po líticas
públicas, al no lograrse los resultados esperados y únicamente vislum-
brarse pequeños cambios a corto plazo sin trascendencia alguna.
Aunado a lo anterior es de apreciarse que en ninguno de los
tres países se ha logrado alcanzar los objetivos propuestos, ya que
el índice en los tres casos aumentó. Lo que es más, cada país pre-
sentó ciertas particularidades en lo que respecta a la e ciencia o
no de las políticas públicas. En Colombia, la e ciencia puede ca-
talogarse como parcial, mientras que en México y en Chile la in-
e ciencia fue total.
Finalmente, cabe destacar que, de seguir en aumento la fe-
minización de la pobreza, habrá severas consecuencias para cada
uno de los países mencionados. La desigualdad de género se per-
petuará en el ámbito socioeconómico y se propiciará un aumen-
to sustancial que hará que las mujeres sean más propensas a la
pobreza y a vivir en condiciones económicas desiguales, median-
te su permanencia en trabajos de sectores informales o de medio
tiempo, donde no existen garantías sociales ni laborales; de esta
forma, se a anzará y consolidará el rol tradicional de la mujer en
la sociedad.
De ahí que también aumentarán las barreras para que las mu-
jeres puedan alcanzar la autonomía económica debido al rezago
y la desigualdad de condiciones en los ámbitos de salud, vivien-
da y educación. Incluso se correrá el riesgo de perder los pequeños
avances para introducir la perspectiva de género en la agenda po-
lítica de cada país y el reconocimiento de la importancia sobre la
contribución de las mujeres a la economía nacional y global para
alcanzar el desarrollo sostenible de las naciones.
Brecha salarial
Respecto a los resultados de las políticas públicas para la reduc-
ción de la brecha salarial, se observa que en el caso de Colombia,
las políticas públicas han sido e cientes, pues se ha logrado dismi-
224 P / Oriard
M’
nuir la brecha salarial de forma constante, por lo que este logro se
ha consolidado a mediano plazo con la posibilidad de perpetuar-
se a largo plazo.
En México, los resultados inestables son un ejemplo de que
las políticas públicas implementadas han sido ine cientes, pues la
brecha salarial ha aumentado y disminuido sin constancia. En los
últimos resultados, este estancamiento se re ejó en una brecha sa-
larial mayor a la que se presentaba antes de la implementación de
las políticas públicas.
Por otro lado, en Chile, la irregularidad de los resultados ha
implicado el estancamiento de la disminución en la brecha sala-
rial, además de que las expectativas para este ámbito eran dema-
siado altas. De ahí que no es posible decir que la aplicación de las
políticas públicas fuera e ciente, ya que realmente no se ha pre-
sentado una mejoría signi cativa, pese al extenso periodo de fun-
cionamiento del programa.
Con relación a lo anterior es posible concluir que Colombia es
el único caso en el que las políticas públicas han sido e cientes en
su totalidad pues la brecha salarial disminuyó considerablemen-
te. Sin embargo, tanto en México como en Chile han sido ine -
cientes, pues en el primer caso los resultados re ejan que la brecha
salarial aumentó, en comparación con los resultados iniciales a la
aplicación de las políticas públicas y, en el segundo, el porcentaje
disminuyó, pero sin representar un cambio signi cativo.
Áreas de oportunidad
Este comparativo nos permite destacar que, salvo en el caso de
Colombia, en lo que respecta a la disminución de la brecha de sa-
larial, las políticas públicas por la igualdad de género económica
no han sido e cientes en su totalidad; por este motivo, es posible
identi car algunas áreas de oportunidad a las que los gobiernos
deberían dar un mayor interés para alcanzar la autonomía econó-
mica de las mujeres.
En concordancia con lo anterior, puede decirse que, en Co-
lombia, el reto para alcanzar la e ciencia de las políticas públicas
en torno a la feminización de la pobreza es mantener la estabili-
225
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dad del indicador para poder reducirlo. Asimismo, debe dar con-
tinuidad a los objetivos y logros alcanzados por el Conpes 161 que
han permitido la reducción de la brecha salarial.
El actual escenario de Colombia es muy prometedor, pues el
gobierno dirigido por Iván Duque Márquez no solo es la primera
administración en la que el puesto de vicepresidente lo ocupa una
mujer, sino que también se ha pronunciado en pro de la agenda
de género al publicar el Pacto de Equidad para las Mujeres 2018-
2022. Con ello se da continuidad a los objetivos del Conpes 161
y prioridad a la implementación de nuevas iniciativas para alcan-
zar la paridad de género.
El caso de México es muy particular, pues se enfrenta al hecho
de que las políticas públicas implementadas han sido ine cien-
tes, pero también a que, aunque el gobierno actual liderado por
el presidente Andrés Manuel López Obrador rmó la extensión
de Proigualdad 2020-2024, la realidad es que la agenda de géne-
ro para este gobierno se encuentra en segundo plano. Por tanto,
alcanzar la autonomía económica de las mujeres en el país pare-
ce algo lejano, debido a que el contexto actual en el país, en lo que
respecta a los temas de género, es álgido. Desde marzo de 2020 se
han realizado distintas manifestaciones en exigencia de mejores
condiciones de vida para las mujeres, la disminución de feminici-
dios y la lucha por derechos como el aborto y la igualdad salarial.
Bien podría decirse que el escenario no es muy prometedor,
pero no todo está perdido. El gobierno actual tiene como objeti-
vo primordial la disminución de la pobreza general, de modo que,
si a este tema se le diera un mayor enfoque de género, la feminiza-
ción de la pobreza podría disminuir signi cativamente e incluso
podría empezarse a propiciar el medio necesario para el inicio de
un cambio radical en el país.
En lo que respecta a Chile, es necesario resaltar que, de los tres
países, este es el que presenta mayor brecha de género económica.
Por ello, ante la necesidad imperante de reducirla para alcanzar la
autonomía económica de las mujeres, se promovió la implementa-
ción del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Dicho plan
es uno de los que poseen mayor longevidad en Latinoamérica.
226 P / Oriard
M’
Sin embargo, al percatarse de que los objetivos que se tenían pro-
puestos no podrían culminarse en el periodo establecido, se tomó
la decisión de actualizar y extender el programa, con el objetivo
de darle continuidad a los pequeños logros obtenidos y eliminar
las de ciencias restantes, en este caso, en el ámbito económico.
Puede identi carse que el área de oportunidad pertinente se en-
cuentra no solamente en promover la correcta implementación de
las políticas públicas actualizadas, sino también en mantener la
constancia y la perdurabilidad de los resultados ya obtenidos. Lo
es también buscar que, con el cumplimiento de lo propuesto, se
adopten, en el tiempo predispuesto, posturas más estrictas y cons-
tantes al implementar las políticas públicas.
Re exiones nales
Como se ha podido constatar, la brecha de género es un tema de
gran relevancia en América Latina. Sin embargo, pese a que en
la región se ha impulsado la aplicación de la agenda de género y a
que los países se han comprometido a aminorar la brecha por me-
dio de programas y planes con perspectiva de género, puede ob-
servarse —gracias al análisis de los casos de estudio de Colombia,
México y Chile— que especí camente las políticas públicas por
la igualdad de género económica han mostrado gran ine ciencia,
por lo que se ha estancado el alcance del desarrollo y autonomía
económica de las mujeres.
Este análisis comparativo nos permitió identi car que los
tres países comparten el interés por acortar la brecha de género
económica. Fue gracias a la evaluación y al análisis del índice de
feminidad en hogares pobres y de la brecha salarial que se ha po-
dido comprobar la e ciencia o fracaso de las políticas públicas
implementadas.
Como resultado de los datos analizados, la e ciencia de las po-
líticas públicas puede catalogarse como parcial en el caso de Co-
lombia. Si bien tuvo algunos retrocesos, como el aumento del
índice de feminidad en hogares pobres, la concientización por
medio de campañas publicitarias ha comenzado a modi car la
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perspectiva que se tenía respecto a la participación femenina en el
mundo laboral. De esta forma, se han creado más y mejores em-
pleos formales y la brecha salarial ha disminuido. Esto re eja que
el logro de los objetivos propuestos es una posibilidad muy pro-
metedora, pues se le ha dado continuidad a las políticas públicas.
De los tres países es el mejor posicionado.
En el caso de México, puede concluirse que las políticas públi-
cas han sido ine cientes, pues se ha estancado la disminución de
los índices y perpetuado la brecha de género económica. Lo ante-
rior pese a que durante el periodo entre 2013 y 2018 se dio conti-
nuidad a programas como el de Estancias Infantiles para Apoyar
a Madres Trabajadoras y se implementaron nuevos como el de Se-
guro de Vida para Jefas de Familia.
La puesta en marcha de dichos programas había logrado dis-
minuir gradualmente la brecha salarial, pero lamentablemente no
tuvieron mayor trascendencia. Aunado a ello, el gobierno actual
no ha dado continuidad a las políticas públicas ni a compromisos
tales como incrementar la participación femenina en trabajos pre-
dominante y tradicionalmente ocupados por hombres. Además,
tampoco se han ideado nuevas propuestas para transformar las
condiciones estructurales que promueven la desigualdad, lo cual
deja el tema de la agenda de género en un segundo plano.
En Chile se demostró la ine ciencia de las políticas públicas
debido a la inexistente trascendencia de los logros obtenidos en
el periodo 2011-2020 en áreas tales como la promoción y el apo-
yo para el empoderamiento femenino, en contraste con lo sucedi-
do en México y de manera semejante a Colombia. Pese a ello, se
ha mostrado interés en darles continuidad a las políticas públicas.
También se ha buscado mejorar su implementación mediante la
extensión del programa. Se estima que estas acciones le ayudarán
a concretar la promoción y el establecimiento de derechos por la
igualdad de género e impulsar la concientización social, al corres-
ponsabilizar a mujeres y hombres respecto del cuidado de los hijos
y el cuidado del hogar. Asimismo, le permitirán poner en marcha
nuevas estrategias que reconozcan la diversidad de contextos y si-
tuaciones a las que se enfrentan las mujeres.
228 P / Oriard
M’
En conclusión, para eliminar la brecha de género económica,
es fundamental que los países se comprometan en la implementa-
ción de las políticas públicas correspondientes a alcanzar los ob-
jetivos propuestos para consolidar la autonomía económica de las
mujeres. De igual modo, deben darles continuidad a largo plazo
a los logros alcanzados, reestructurar las fallas persistentes, de ser
el caso, y aplicar las políticas públicas tal como lo propone la teo-
ría feminista liberal con el n de alcanzar la igualdad de género. Si
bien no es una labor sencilla, tampoco es imposible, pues nos en-
frentamos a una nueva coyuntura internacional en la que el mun-
do exige un cambio.
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